La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es un pilar fundamental de nuestro contrato social y, dentro de ella, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es la base de la seguridad económica de cientos de miles de costarricenses. Con más de 1,7 millones de cotizantes y cerca de 380.000 jubilados, su sostenibilidad financiera es un tema prioritario para el país, más aún en un contexto de envejecimiento poblacional, alta informalidad y resistencia de algunos sectores a integrarse al sistema.
Desde hace casi dos décadas, el IVM ha experimentado ajustes para enfrentar su crisis financiera. Las reformas más recientes, vigentes desde 2024, extendieron la edad de jubilación a 65 años, aumentaron las cuotas mínimas a 300 y modificaron la metodología de cálculo de pensiones. Además, las contribuciones han ido en ascenso, pasando del 7,5% en 2005 al 11,16% actual, con la proyección de alcanzar el 12,16% en los próximos años.
Ahora, el Comité de Vigilancia del IVM ha propuesto nuevas modificaciones que elevarían aún más la edad de retiro a 70 años, reducirían la pensión al 40% del salario promedio y aumentarían las contribuciones al 13,16%, además de incluir un aporte adicional del 5% para el seguro médico. Estos cambios, de gran impacto, requieren una discusión profunda y no pueden limitarse solo a ajustes paramétricos. Es imperativo abordar también problemas estructurales que llevan décadas sin resolverse.
Los desafíos pendientes
Uno de los principales puntos a atender es la deuda del Estado con la CCSS. Durante años, la discusión sobre su monto ha sido un tema de controversia sin una resolución clara. Aunque la CCSS estima la deuda total en ¢4 billones, se calcula que al menos un 17% de este monto corresponde a obligaciones no pagadas al IVM, es decir, alrededor de ¢680.000 millones. Si el Estado no dispone de los recursos para honrar esta deuda de inmediato, es fundamental encontrar fuentes de financiamiento que permitan su pago progresivo.
Otro aspecto crucial es la administración de la CCSS. La alta rotación de sus presidentes ejecutivos, directivos y gerentes ha afectado la estabilidad y eficiencia de la institución, con un impacto directo en la calidad de los servicios. No se puede exigir a los asegurados mayores aportes o menores beneficios sin antes garantizar una gestión transparente y eficaz de los recursos.
Asimismo, la discusión sobre la edad de retiro no puede ignorar la realidad laboral de los adultos mayores. Si bien algunos podrán prolongar su vida productiva hasta los 70 años, para muchos otros esta posibilidad es remota debido a las barreras que enfrentan en el mercado laboral. Cualquier reforma en este sentido debe contemplar mecanismos de transición y medidas que faciliten la empleabilidad de este sector.
Por otro lado, es esencial crear incentivos que fomenten la formalización laboral y la incorporación de nuevas generaciones al sistema. La sostenibilidad del IVM depende de la cantidad de cotizantes activos, por lo que atraer a trabajadores independientes e informales debe ser una prioridad.
Finalmente, este debate debe servir como punto de partida para una reforma más amplia que permita la unificación de los distintos regímenes de pensiones existentes en un solo sistema, más equitativo y sostenible a largo plazo.
Un camino complejo, pero necesario
La discusión sobre el futuro del IVM apenas comienza y debe abordarse con responsabilidad. No se trata solo de aumentar aportes o reducir beneficios, sino de asegurar que la seguridad social costarricense tenga un futuro viable y justo para todos. El camino será difícil, pero la solidez del sistema lo amerita.
