San José, Costa Rica. — Según cifras de la Contraloría General de la República (CGR), la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzó niveles históricos. Solo con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), la deuda pasó de ¢348.000 millones en 2008 a ¢3,5 billones en 2024, lo que equivale a un salto del 1,1% al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). De mantenerse esta tendencia, la CGR proyecta que para 2040 el pasivo podría representar casi un 15% del PIB.
Este crecimiento obedece a que el Ministerio de Hacienda únicamente ha girado alrededor del 50% de los nuevos cobros imputados por la CCSS. La mayor parte de la deuda corresponde a las cuotas del SEM que el Estado debe cubrir en nombre de trabajadores independientes, informales, personas en condición de pobreza y menores de edad, como parte del modelo de cobertura universal de salud que caracteriza a Costa Rica.
El origen del problema se vincula al aumento acelerado de la base mínima contributiva del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS para reforzar la sostenibilidad de ese régimen. Estos ajustes también elevan automáticamente las obligaciones del Estado en el SEM, sin que se evalúe la capacidad de pago ni se definan nuevas fuentes de financiamiento.
A esta situación se suma una deuda de ¢331.000 millones con el seguro de pensiones, principalmente relacionada con el Régimen No Contributivo, lo que llevó a que la deuda total del Estado con la CCSS superara los ¢4,4 billones al cierre de 2024, de acuerdo con la Auditoría Interna de la institución.
Una deuda insostenible y de alto impacto macroeconómico
Expertos advierten que la acumulación de este pasivo amenaza las finanzas públicas. Su eventual reconocimiento podría distorsionar los indicadores de deuda pública, poner en riesgo la regla fiscal y deteriorar la calidad crediticia del país. En la práctica, la reducción de la razón deuda/PIB de los últimos años podría ser engañosa, al estar sostenida en parte por una deuda no reconocida con la CCSS.
Reformas urgentes y necesidad de consenso político
Especialistas señalan que el país enfrenta un punto de inflexión. Se requiere con urgencia:
- Un programa de pagos realista y gradual que frene el crecimiento de la deuda y permita reducirla en el largo plazo.
- Garantizar la atención en salud, manteniendo el principio de cobertura universal, pero con incentivos para que quienes puedan contribuir al SEM lo hagan.
- Una reforma institucional profunda, revisando la Ley Constitutiva de la CCSS para que decisiones que impactan el gasto estatal no dependan únicamente de la Junta Directiva, sino que pasen por un proceso legislativo que incluya la definición de ingresos y egresos.
Debate pendiente de cara a las elecciones
De cara a los próximos comicios presidenciales, la sostenibilidad del sistema de salud y pensiones, así como la transparencia en el manejo de la deuda pública, deberían figurar en el centro del debate nacional.
La ciudadanía, concluyen expertos, tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a los candidatos propuestas claras sobre cómo enfrentar este desafío que amenaza el futuro fiscal del país y la estabilidad de su sistema de seguridad social.
