Un desacuerdo económico entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las cooperativas que administran varias áreas de salud del Gran Área Metropolitana amenaza con dejar sin operador externo a 24 Ebáis a partir del 30 de junio. La institución ya trabaja en un plan de contingencia para absorber, con personal y recursos propios, la atención primaria de unos 300 000 asegurados que actualmente dependen de estos centros médicos.CRHoySemanario Universidad
La chispa del conflicto fue la diferencia entre las tarifas que las cooperativas exigen para renovar los contratos y el monto que la CCSS considera razonable pagar. Los proveedores argumentan aumentos en insumos y salarios; sin embargo, estudios internos de la Dirección Financiero‑Contable concluyeron que las ofertas presentaban sobreprecios de hasta 65 % frente al costo que tendría el Seguro Social si operara directamente los Ebáis.Delfino.cr
Ante la falta de consenso, la Junta Directiva de la CCSS anuló en marzo la licitación ordinaria 2023LY‑000002‑0001101142 e inició un proceso de compra urgente con “proveedor idóneo” para garantizar la continuidad de los servicios durante 30 meses; no obstante, dos de las nueve partidas —Carpio‑León XIII y San Sebastián‑Paso Ancho— quedaron sin ofertas, lo que obligaría a la institución a redistribuir la población a áreas de salud propias como Tibás‑Uruca‑Merced y Zapote‑Catedral.Semanario Universidadgda.com
Si las cooperativas no presentan una propuesta viable antes del 30 de abril, la Gerencia Médica activará un plan escalonado: turnos extraordinarios en Ebáis vecinos para cubrir la demanda durante las primeras semanas y, en paralelo, la “institucionalización” definitiva de las sedes, proceso que podría tardar de dos a tres años. El costo inicial de la contingencia se estima en ₡30 500 millones anuales, financiados con recursos propios de la Caja.Delfino.cr
Mientras tanto, otras siete áreas de salud —Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, Desamparados 2, San Pablo y Barva— sí recibieron ofertas de sus cooperativas actuales y seguirían bajo administración externa, siempre que los contratos de urgencia sean adjudicados a más tardar el 30 de abril, como exige la Ley General de Contratación Pública.Semanario Universidad
La institución insiste en que la prioridad es evitar la interrupción de servicios de primer nivel. “La Caja no puede darse el lujo de dejar desprotegida a la población; asumiremos la operación si es necesario, pero no pagaremos precios que consideramos injustificados”, afirmó Víctor Calvo, de la Dirección de Red de Servicios de Salud.
