CCSS

Luego de laborar más de 30 horas seguidas, nadie está en su mejor condición física ni mental. Esta es una de las razones por las cuales muchos especialistas renuncian a la CCSS, particularmente los más jóvenes. (Shutterstock/Shutterstock)

Ahora que está sobre la mesa el tema de las jornadas 4×3 y el retroceso que eso significaría en términos de derechos laborales y de bienestar de las personas, conviene recordar una situación laboral extrema que ha sido normalizada desde hace largo tiempo: las guardias médicas.

En ningún país del mundo, ni siquiera en los más desarrollados, existe suficiente personal médico especializado como para cubrir la atención las 24 horas del día en turnos convencionales. De ahí surge la necesidad de las guardias médicas: jornadas extraordinarias para garantizar la continuidad de la atención en los servicios hospitalarios.

Actualmente, en Costa Rica, un médico puede iniciar su jornada ordinaria en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a las 7:00 a. m., continuar en turno de guardia desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 a. m. del día siguiente y, aun así, se le exige completar su jornada laboral ordinaria ese mismo día hasta las 4:00 p. m. Es decir, son hasta 34 horas continuas de trabajo, durante las cuales pueden suceder infinidad de situaciones críticas y en las que se atiende a una gran cantidad de pacientes.

Una de las razones por las cuales muchos especialistas renuncian a la CCSS, particularmente los más jóvenes, es precisamente para mejorar sus condiciones personales y familiares. Y es comprensible: luego de laborar más de 30 horas seguidas, ninguna persona está en su mejor condición física ni mental.

Si bien este tiempo extraordinario se remunera como tal, hoy muchos profesionales valoran más su salud mental, la posibilidad de compartir con su familia y el tiempo para dedicarse a otras actividades fuera del trabajo, que el dinero en sí mismo.

¿Qué han hecho otros países para mejorar las condiciones laborales de sus médicos y disminuir la presión que afrontan? La solución ha sido simple y humana: el médico que realiza una guardia no se queda a completar su jornada ordinaria al día siguiente. Sale del hospital a las 7:00 a. m. y se va a descansar. Este pequeño gesto, lejos de ser un privilegio, es una necesidad que permite al médico recuperarse física y mentalmente, compensar el tiempo en familia y mejorar sustancialmente la calidad de atención que brinda a sus pacientes.

Esto no es una utopía. En países con sistemas de seguridad social sólidos como España, Alemania o Francia, las normativas laborales establecen que, tras una guardia nocturna, el médico tiene derecho al descanso obligatorio de al menos 12 horas antes de volver a trabajar. En España, por ejemplo, es común que los médicos no retornen a su jornada regular tras una guardia; esta práctica está reconocida en muchos hospitales públicos como una medida de protección tanto para el profesional como para el paciente. Lo mismo ocurre en Francia, donde el descanso posguardia está regulado por la ley y por convenios colectivos del sistema de salud.

¿Quién puede trabajar más de 24 horas seguidas y hacerlo bien? No se trata de falta de vocación: se trata de límites físicos y mentales. Está más que demostrado que, cuanto más se prolonga la jornada laboral médica, mayor es el riesgo de cometer errores. Somos seres humanos, y el agotamiento es una condición inevitable cuando no se respeta el descanso.

Ahora que se habla tanto de listas de espera y de la fuga de especialistas de la Caja, este pequeño cambio (permitir el descanso luego de la guardia) podría significar una considerable mejoría en las condiciones laborales de los médicos y, por ende, una estrategia sencilla pero poderosa para lograr la retención de los nuevos especialistas.

No, no son “guardias dormilonas”, como dijo una vez el presidente de la República. Son jornadas de trabajo intensas en las que se atienden personas, muchas veces en situaciones críticas, que merecen ser recibidas por profesionales en su mejor condición. Lo mínimo que deberíamos garantizarles a estos médicos es la posibilidad de descansar después de atender a otros durante toda la noche.

Lástima que, al igual que con la insistencia por las jornadas 4X3, el interés que predomina sea el del empleador, no el bienestar de los trabajadores, que son quienes mantienen el sistema funcionando.

Expediente legislativo propone endurecer las penas de prisión para quienes abandonen a población adulta mayor

El abandono de adultos mayores se multiplicó por ocho en hospitales en el periodo 2016-2024, según datos del OIJ y la CCSS. (Imagen con fines ilustrativos, Hospital Raúl Blanco Cervantes). (Eyleen Vargas /Punto y Aparte)

El 30 de julio pasado, don Adán completó 110 días hospitalizado. Las dolencias por las que este adulto mayor ingresó al Hospital Nacional de Geriatría Raúl Blanco Cervantes ya fueron solventadas, pero no ha podido ser egresado porque no hay familiares o allegados que se hagan cargo de él. Él es el rostro del abandono.

En camas cercanas, otras dos adultas mayores completaron, en esa misma fecha, 69 y 68 días internadas y la cama de ese hospital es la única garantía de comida, abrigo y atención.

Por las particularidades de don Adán, el hospital gerontológico Blanco Cervantes está esperando que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) encuentre un hogar seguro para él.

Mientras tanto, los médicos y las enfermeras, son su compañía. El abandono de adultos es multicausal, y en muchos casos puede influir la pobreza, las dificultades del cuido y la falta de suficientes apoyos familiares, comunitarios e institucionales.

No obstante, también están los que abandonan, simplemente, porque sí. Según informes del Organismo de Investigación Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el abandono de adultos mayores se multiplicó por ocho en hospitales desde el 2016.

Por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios registró entre 36 y 50 casos anuales entre el 2020 y el 2024. Mientras que entre enero y abril de 2025 dicho nosocomio reportó 40 casos, el equivalente a 10 casos de abandono por mes.

En estos casos, el centro médico primero hace un análisis de las redes de apoyo de la persona afectada. Si la familia se rehúsa a recibirla al momento del egreso, se interpone la denuncia ante las autoridades judiciales.

Un proyecto de ley pretende incrementar las penas de prisión para quien abandone a una persona adulta mayor es otro esfuerzo por aminorar esta problemática. Se trata del expediente legislativo 24.244 propuesto por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República.

El expediente contiene un único artículo que modifica el numeral 142 bis del Código Penal. De esta manera, la pena por abandono, que hoy oscila entre diez y cien días multa (de ¢154.000 a ¢1,5 millones) o de uno a seis meses de prisión, pasaría a penas de cárcel de uno a tres años.

Si producto del abandono el adulto mayor fallece, la pena mayor, hoy fijada en 10 años, subiría a 18. Inicialmente, este proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 28 de marzo pasado, no obstante, el 8 de abril fue avalada una moción para devolver la iniciativa al primer debate y poderle hacer un ajuste al texto, planteado por varios legisladores.

Desde entonces hace fila para hacer esa modificación y darle de nuevo primer debate y, posteriormente, segundo debate.

¿Una reforma punitiva es suficiente?

Además de las sanciones antes mencionadas, la reforma introduce el verbo “descuidar” y establece que cualquier persona puede cometer el delito, no solamente quien tiene la obligación de cuidar.

Según Rodrigo Chaves Jiménez, abogado penalista, el vocablo “descuidar” es muy amplio y su inclusión de este término podría lesionar el principio de legalidad criminal, el cual implica que los delitos estén redactados de forma clara y precisa. Tampoco queda claro cómo se determina cuándo una persona adulta mayor está en estado de vulnerabilidad.

También considera que el texto puede incurrir en una imprecisión al no establecer legalmente quiénes tienen la responsabilidad de cuido de la persona vulnerada, no es cualquiera el que puede ser penalmente responsable de descuidar o abandonar a una persona adulta mayor, aseveró.

La norma contiene calificaciones por el resultado, dado que se aumenta la pena cuando hay un peligro para la vida o la salud de la persona adulta mayor, cuando se le generan lesiones y cuando se produce la muerte como resultado del abandono.

Sin embargo, Chaves también encontró una incongruencia del legislador al sancionar la muerte del adulto mayor con una pena de prisión de 12 a 18 años, mientras que el homicidio culposo prevé un rango de sanción que va de los seis meses a los ocho años de prisión en su forma básica y de uno a diez años de prisión en su forma agravada.

Fabricio Alvarado reconoce que el abordaje del abandono no se resuelve únicamente desde la vía legislativa. Es vital articular esfuerzos directos con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la Caja Costarricense de Seguro Social y las municipalidades.

La reforma propuesta tampoco atiende a las personas adultas mayores en situación de calle ni a la población adulta mayor migrante.

En febrero del 2025, según información de la Oficina de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios, se documentó el caso de una mujer que permaneció 74 días hospitalizada porque cuando se remitió su caso al Conapam, con solicitud de reubicación, dicha entidad la rechazó por carecer de presupuesto para población migrante.

Por todo esto, Alvarado urgió la necesidad de fortalecer la presencia de equipos especializados para la identificación y atención de adultos mayores migrantes y en condición de calle.

Además de la reforma al Código Penal, en la Asamblea se han presentado otras iniciativas con reformas al régimen de pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, mejoras en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y propuestas que buscan ampliar el acceso a servicios de salud y a programas de recreación y acompañamiento.

Entre otros,la diputada Olga Morera, de Nueva República,presentó el proyecto de ley 24.959, el cual propone la hipoteca inversa para que sea dirigida exclusivamente a personas mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 33%. Para comprobar que el crédito contratado lo recibirá la persona con esas condiciones se deberá realizar un estudio socioeconómico que deberá ser verificado por la entidad acreedora, el Conapam o el Conapdis.

Una población expuesta a más vulneraciones

En junio anterior, el Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM) de la Universidad Nacional alertó sobre el incremento sostenido de casos de maltrato, abandono y estafas contra personas mayores en Costa Rica.

De acuerdo con Ana Monge Barrantes, coordinadora de PAIPAM, el maltrato a las personas adultas mayores no se limita al daño físico, sino que incluye el abuso psicológico, sexual, económico, la negligencia y el aislamiento social; actos que afectan directamente la dignidad y los derechos de esta población.

Estas conclusiones académicas están sustentadas en estadísticas. En el 2023 el Ministerio Público registró 6.390 casos de delitos contra personas adultas mayores, el 26% de ellos fueron estafas. De enero a octubre de 2024, últimos datos conocidos, se registraron 6.182 casos.

Por su parte, el Ministerio de Salud reportó 1.107 denuncias de violencia intrafamiliar en los primeros cinco meses de 2024.

El Programa PAIPAM propone reforzar las acciones previstas en la Política Nacional de Envejecimiento (2023-2033) y la Agenda del Envejecimiento Saludable (2021-2030), con énfasis en la educación intergeneracional y la corresponsabilidad social. También precisa la necesidad de fortalecer las redes comunitarias y mejorar los mecanismos de denuncia y seguimiento.

Siany Mata Sánchez es estudiante de periodismo de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte. Es el encuentro entre periodistas y estudiantes de la carrera, quienes generan producciones periodísticas de alta calidad sobre las causas y las soluciones de realidades de riesgo social, y se mantienen vinculados para promover el buen periodismo.

Estos son los miembros número 31 y 32 del órgano colegiado en lo que va de esta administración

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está completa de nuevo.

Este lunes, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) nombró a los dos representantes del sector patronal para sustituir a Rocío Ugalde Bravo y Juan Manuel González Martén, los dos directivos que renunciaron el 21 de julio.

Ambas personas fueron electas por unanimidad.

Laura Morales: Tiene una larga trayectoria en Tecnologías de Información y Comunicaciones. Ha trabajado en la gestión de programas informáticos para el apoyo en la gestión empresarial. También tiene experiencia en la gestión de éxito de equipos de trabajo.

Dentro de su experiencia, resaltó la Uccaep, está la gestión de sistemas ERP. Esto es relevante por las fallas que la Auditoría de la institución ha señalado en la implementación del sistema ERP-SAP, que busca unificar todos los procesos de la institución. Ella estará nombrada hasta abril del 2026.

Fabio Israel Hernández: Tiene una especialidad en Derecho Notarial y Derecho Registral y estudios en Derecho Tributario Internacional. También tiene trayectoria en administración de servicios de salud. Su periodo concluirá el 30 de mayo del 2026.

La Uccaep recalcó que procederá con el envío formal de las credenciales de ambos representantes al Consejo de Gobierno para que se realice su respectiva juramentación.

Con esto, el máximo órgano de la seguridad social recuperará el cuórum estructural y tendrá a sus nueve miembros nombrados.

Estos son los miembros número 31 y 32 que han pasado por la Junta Directiva de la institución en este periodo.

Esta gestión se ha caracterizado por la mayor inestabilidad en las últimas décadas: renuncias, destituciones e investigaciones por casos judiciales han marcado los últimos tres años de gestión.

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Solo el 26% del proyecto está funcionando pese a que ya se ha gastado más del 70% del presupuesto asignado.

La Contraloría General de la República le ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tomar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del servicio de imágenes médicas digitales, tras detectar múltiples fallos técnicos, operativos y financieros en el sistema REDIMED.

Según el documento DFOE-BIS-0410-2025, emitido este 22 de julio, la Contraloría investiga la Adenda N°1 al contrato N° 2017000119 entre la CCSS y el ICE, mediante el cual se pretendía implementar el sistema REDIMED en hasta 50 centros de salud. Sin embargo, a la fecha, solo 13 establecimientos cuentan con el sistema operativo y muchos reportan fallos críticos.

La investigación reveló que la CCSS ha ejecutado ₡10.552 millones entre 2023 y 2025, lo que representa un 71% del presupuesto, pero con un alcance funcional de apenas 26%. A esto se suma la alerta de varios hospitales como el San Vicente de Paúl, San Juan de Dios, México y Calderón Guardia, que reportaron problemas graves de visualización de imágenes, lentitud del sistema y afectaciones al servicio.

Incluso, el Hospital San Vicente de Paúl solicitó el cese definitivo de REDIMED, calificándolo como un riesgo para la atención médica. Algunos centros, como el CNIM, recurrieron a plataformas anteriores como DCM4CHEE, que demostraron mayor estabilidad, especialmente durante eventos como el reciente ciberataque a la institución.

La Contraloría también reprochó pagos hechos por migración de imágenes sin respaldo contractual, así como deficiencias en la validación de los montos facturados por el proveedor, lo que compromete la transparencia en el uso de fondos públicos.

Ante este panorama, la Junta Directiva de la CCSS deberá tomar acuerdos para:

1. Atender las fallas señaladas.
2. Garantizar la continuidad del servicio, considerando soluciones alternativas a REDIMED.
3. Asegurar la integridad de los expedientes del proyecto.

Además, deberán remitir a la Contraloría, antes del 30 de septiembre, una certificación con los acuerdos adoptados. De no cumplir con estas órdenes, los funcionarios responsables se exponen a sanciones graves, incluida la destitución.

Este caso se suma a una creciente preocupación por el manejo de fondos en proyectos tecnológicos de la CCSS y pone en evidencia los desafíos que enfrenta la institución para modernizarse sin sacrificar la calidad de los servicios de salud.

Hoy conviven de forma simultánea dos declaratorias institucionales de emergencia: una por las listas de espera y otra por el faltante de médicos especialistas. Las medidas excepcionales permiten mitigar efectos inmediatos, pero no resuelven el problema de fondo

A la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se le tiene funcionando en un estado de emergencia permanente, lo cual no es normal, sostenible ni justo para más de un millón de pacientes que esperan meses por una cirugía, una cita médica o un examen diagnóstico.

Hoy conviven, de forma simultánea, dos declaratorias institucionales de emergencia: una emitida desde mayo del 2023 por el agravamiento de las listas de espera y otra, de diciembre del 2024, por el faltante de médicos especialistas debido a renuncias para migrar al sector privado. Ambas fueron prorrogadas y son señales de un sistema atrapado en una crisis prolongada y sin soluciones duraderas a corto plazo.

El panorama es alarmante. En lugar de disminuir, las listas de espera siguen creciendo desde la puesta en marcha de la hoja de ruta en el 2023, a la cual se le bautizó “Ruta de la salud. Menos espera. Mejor servicio”. La CCSS comenzó este año con 188.000 personas esperando una cirugía, cifra prácticamente igual a la de mayo del 2024, pero con un tiempo promedio de espera mayor: 429 días; es decir, 14 meses. Más de 685.000 estudios diagnósticos (tacs, ultrasonidos, resonancias) estaban pendientes a diciembre, y la cantidad de pacientes que aguardaban una primera cita con especialista subió a 328.000, con un promedio de espera de 469 días.

Este deterioro compromete no solo la salud física y mental de los pacientes, sino la confianza ciudadana en el sistema de seguridad social, pilar del Estado costarricense.

Las medidas excepcionales, como las declaratorias de emergencia, permiten mitigar efectos inmediatos, pero no resuelven el problema de fondo. En ausencia de reformas sostenidas, estas acciones corren el riesgo de convertirse en simples paliativos institucionales que normalizan la ineficiencia y prolongan las crisis.

Es momento de aprender de la experiencia internacional. La OCDE ha sido enfática: todo país que aspire a reducir los tiempos de espera debe comenzar por establecer plazos máximos de atención. Esto implica definir tiempos concretos, medibles y de conocimiento público, dentro de los cuales cada paciente debe ser atendido, ya sea para una primera consulta, un examen diagnóstico o una cirugía electiva. Sin ese punto de partida, cualquier estrategia carecerá de rumbo y rendición de cuentas.

La CCSS debería empezar por allí, pues hasta una sentencia de la Sala IV –emitida en el 2019 y redactada por la misma exjerarca de la Caja, Marta Esquivel, cuando era magistrada suplente– le ordenó crear un sistema de gestión integral que incluya plazos razonables según la patología y urgencia del paciente. Además, le exigió criterios objetivos para el ingreso de personas a las listas, un cronograma de trabajo con responsables definidos, así como indicadores de gestión y mecanismos de verificación para evaluar avances.

También urge revisar el funcionamiento de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), creada en el 2001 para reducir las esperas. Durante esta administración, la inestabilidad ha sido la norma: siete coordinadores en solo 20 meses. Además, los ¢200.000 millones anunciados en el 2023 por Esquivel, cuando era presidenta ejecutiva, nunca llegaron a la UTLE y fueron redirigidos al nuevo hospital de Limón, según confirmó su actual coordinadora. Esa falta de claridad debe tener fin.

En cuanto al déficit de especialistas, que según la entidad llega a 3.500, ni la CCSS ni el Ministerio de Salud pueden seguir apostando únicamente a un proyecto de ley, que depende del trámite legislativo, para declarar la inopia y facilitar contrataciones mediante mecanismos extraordinarios. Más allá de eso, se requiere actuar con responsabilidad institucional para evitar la fuga de talento y garantizar condiciones salariales acordes con los años de estudio.

Deben también actualizarse los contratos de formación de nuevos especialistas, incluyendo las cláusulas sobre años mínimos de servicio y las condiciones de indemnización en caso de renuncia anticipada. No es aceptable que el Estado invierta en su formación para que pronto pasen a engrosar el sector privado.

Buscar soluciones sostenibles es una obligación urgente. La Junta Directiva de la CCSS, la Presidencia Ejecutiva y el Ministerio de Salud tienen el deber de propiciar un diálogo amplio y orientado a resultados con todos los sectores involucrados, pues la superación de esta crisis exige consensos y voluntad para corregir lo que no ha funcionado.

Para alcanzar esa meta, es indispensable abandonar los estilos verticales, autoritarios y conflictivos, que han demostrado ser ineficaces. Por el contrario, esa visión –sumada a la ausencia de liderazgo– ha contribuido a la parálisis que afecta asegurados, personal médico y al sistema en su conjunto.

La Caja no puede ni debe vivir en emergencia perpetua. Es hora de enfrentar las causas del colapso con visión técnica y un compromiso firme con el bienestar y la dignidad de quienes más esperan. Solo así podrá pasar del papel a la realidad el eslogan “Menos espera. Mejor servicio” que tanto se pregona.

Este fue un acuerdo tomado por la Junta Directiva este martes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sumará 557 nuevos profesionales a su planilla en los próximos días, destinados a fortalecer la atención en diversos centros de salud del país. La Junta Directiva institucional aprobó la creación de estas plazas para mejorar los servicios a los asegurados.

Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, afirmó que estas plazas buscan cerrar brechas, fortalecer y dar continuidad a los servicios de salud que presta la institución tanto en hospitales como en áreas de salud.

Nuevos especialistas

De las nuevas plazas aprobadas, 261 son ordinarias y buscarán llenar necesidades de especialistas y otras áreas clave. Serán distribuidos en diferentes partes del país:

• 99 médicos especialistas que concluyeron su formación y se incorporarán a los diferentes centros, tanto en hospitales como en áreas de salud.
• 128 plazas para el nuevo hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, en Puntarenas. Ellos cubrirán diferentes perfiles.
• Dos plazas para el Centro Nacional de Detección del Cáncer Gástrico.
• 32 plazas de códigos especiales que se convierten en códigos permanentes.

Los médicos especialistas son de varias áreas clave, entre ellas:

• Uno en Anestesiología pediátrica
• Dos en Anestesiología y recuperación
• Uno en Cardiología
• Seis en Cirugía general
• Tres en Cirugía reconstructiva
• Dos en Dermatología
• Cuatro en Gastroenterología
• Cinco en Geriatría y gerontología
• Ocho en Ginecología y obstetricia
• Uno en Infectología
• Uno en Medicina extracorpórea pediátrica
• Catorce en Medicina familiar y comunitaria
• Siete en Medicina física y rehabilitación
• Siete en Medicina interna
• Tres en Medicina materno fetal
• Dos en Medicina paliativa en adultos
• Uno en Nefrología
• Uno en Neonatología
• Cuatro en Oftalmología
• Uno en Oncología médica
• Uno en Oncología radioterápica
• Tres en Ortopedia y traumatología
• Cinco en Otorrinolaringología
• Cinco en Pediatría
• Dos en Psiquiatría

Asegurados de León XIII, La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho con nueva atención

El resto de plazas, 296, asumirán temporalmente la atención en las áreas de salud de San Sebastián, Paso Ancho, La Carpio, y León XIII, a partir del 1. ° de julio.

Estos asegurados dejarán de recibir los servicios de Ebáis por parte de la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco) este 30 de junio. Los servicios quedarán a manos de la CCSS, luego de que Asemeco no se presentara al concurso.

Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la institución, explicó que 261 de estas plazas estarán destinadas al personal de atención directa a la población: “son temporales y tendrán vigencia por un año, pero se podrán prorrogar hasta tres años”, manifestó.

Estas plazas son temporales porque la CCSS tendrá concurso por nuevos oferentes para la prestación de este servicio.

En este grupo se contemplan 35 puestos clave para la puesta en marcha de la administración de estas áreas de salud por parte de la CCSS.

“Tendrán una vigencia de tres meses y no serán prorrogables, ya que su función es específica para la puesta en marcha”, destacó el gerente.

CCSS analizó el impacto de la falta de especialistas: ¿cuántos se han ido? ¿cuántos han regresado y en qué condiciones?

Fuente: LA NACIÓN

¿Cómo ha impactado la crisis por la renuncia de médicos especialistas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)? Una forma de verlo es por la cantidad de traslados que tuvieron que hacerse desde los centros médicos que enfrentan carestía de especialistas de una o más ramas a hospitales que sí cuentan con dicho recurso humano.

Mario Vílchez Madrigal, director del Centro Atención de Emergencias y Desastres (CAED) de la institución indicó en sesión de Junta Directiva que, entre el 6 de diciembre y mayo de este año se habían realizado 1.670 traslados para no interrumpir las atenciones médicas.

La mayoría de estos traslados está relacionada con la atención de ginecoobstetricia, una de las especialidades que más médicos ha perdido por renuncias en los últimos meses. Sin embargo, la falta de anestesiólogos también obliga a reubicar algunas cirugías.

Esta es solo una de las estrategias que la CCSS ha implementado debido a la escasez de especialistas. Otra ha sido el trauma diferido, la atención domiciliar de pacientes fracturados o con otras lesiones a los que, en condiciones de mayor personal se tendría hospitalizados.

Alexánder Sánchez Cabo, gerente médico de la institución, manifestó que también han recurrido a la lectura a distancia de imágenes médicas para sacar la presa de ultrasonidos, TAC y rayos X, entre otros. A esto se le llama teleimagenología.

“Tenemos el Centro de Traslados Institucional (CTI) donde se nos dice si tienen disponibilidad de cada especialidad. El CAED nos da una alerta de cuando no hay radiólogos. Esta alerta nos permite saber dónde hay para que puedan hacer las lecturas y análisis y dar los resultados”, aseveró.

Esta modalidad se da en pago por resultados, es decir se paga por lo realizado. Un ejemplo citado por Sánchez fue en diciembre, cuando no había radiólogos en la región Central Norte. Se ubicaron tres radiólogos de otras unidades y se enviaron al Centro Nacional de Imagénes Médica. El 24, 25 y 26 de diciembre sacaron todo el trabajo pendiente. En marzo otra región tuvo 11 días sin radiólogos, se contactaron seis profesionales y sacaron adelante 54 estudios.

Estas medidas son parte de las estrategias para paliar la crisis de especialistas. Muchos de ellos cesaron sus contratos para regresar y acceder al salario global. Los médicos especialistas que ingresaron a la institución después del 10 de marzo del 2023 tienen un salario global definitivo de ¢2.849.261 al mes. Esta medida dejó por fuera en un inicio a cerca de 2.675 trabajadores y cuyos salarios, en muchos casos, son cercanos a ¢1,4 millones.

¿Cuántos especialistas han regresado y bajo qué condiciones?

Sánchez presentó los datos actualizados al 23 de mayo sobre el impacto de las renuncias en los últimos meses que han obligado a diferentes medidas, como traslados, teleconsulta de imágenes y procedimientos de trauma diferido.

Desde diciembre se han dado 218 renuncias y 32 han sido revocadas, para un neto de 186 renuncias efectivas. El periodo de más renuncias fue el mes de febrero.

Las especialidades con más renuncias han sido:

• Ginecología y Obstetricia, con 18.
• Anestesiología, con 15.
• Radiología, con 14.
• Cirugía general, con 12.
• Pediatría, con 10.
• Oftalmología, con 9.

Sin embargo, Sánchez destacó que hay algunas especialidades con menos renuncias, pero mayor necesidad. Por ejemplo, en este periodo han renunciado seis neonatólogos y han regresado tres, pero ya se tenía una deuda de 12 médicos que habían renunciado o se habían pensionado en meses o años anteriores. En el caso de los vasculares periféricos no se han logrado recontratar.

El caso contrario se da en Oftalmología, donde sí se logró llenar todas las plazas que quedaron disponibles después de las renuncias.

De las 186 plazas la CCSS ha logrado contratar o recontratar a 130, por lo que hay un faltante de 56 plazas, pero quienes han regresado no lo han hecho en las mismas condiciones y las carencias son mayores.

Así marchan las contrataciones para las plazas:

• Ginecología y obstetricia: 14
• Anestesiología: 12
• Radiología: 10
• Cirugía general: 11
• Pediatría: 8
• Oftalmologia: 9

Las personas que regresan a la institución no lo hacen en las mismas condiciones. El 16% no quiso regresar al mismo lugar donde estaba y puso como condición entrar a otro centro médico.

Esta condición se vio principalmente con Ginecología y Obstetricia y en Radiología, con cuatro cada uno.

“Muchos solicitaron ser recontratados en hospitales más céntricos, en la Gran Área Metropolitana. Coinciden que estaban en las unidades más periféricas”, dijo Sánchez.

A esto se le añade otra variable que agudiza la crisis de especialistas: no todos regresan a tiempo completo. Uno de cada tres (34,7%) pidió reducir su jornada.

De las recontrataciones, cinco pidieron tener tres cuartos de tiempo, 29 pidieron regresar medio tiempo, y siete a solo un cuarto.

“No solo se trata de las plazas que siguen sin llenarse, también los que han reducido su jornada. Esto también golpea”, afirmó Sánchez.

A esto se le añade otra variable. Incluso con los especialistas que regresan a tiempo completo tienen limitaciones, ya que no todos están dispuestos a realizar tiempos extraordinarios.

Por ejemplo, solo se logró cubrir el 56% de las guardias en Pediatría, el 58% en Radiología, y el 60% en Neonatología. En Cirugía General, Anestesia, Ortopedia, Ginecología y Obstetricia se llegó al 67% en cada una.

Esta situación motivó a extender la declaratoria de emergencia institucional por seis meses más, hasta el 3 de febrero de 2026. Esta medida busca facilitar todos los insumos necesarios para la atención de la crisis, para lo cual se contaría con el Fondo de Contingencias del Seguro de Salud.

Aunque el presidente Rodrigo Chaves comparó la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con “un canasto” y afirmó que “una persona sabia no echa agua en un canasto para jalarlo”, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que el Gobierno tiene la intención de realizar un nuevo abono a la deuda del Estado con la institución.

“Este año, si las condiciones macroeconómicas lo permiten, tenemos el compromiso de trasladarle más de ¢65 mil millones a la CCSS», declaró Acosta, el 20 de mayo, a la comisión que investiga presuntas irregularidades en la institución de seguridad social.

Del monto total, ¢27 mil millones estarían destinados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la CCSS.

Si bien Hacienda prevé efectuar el giro de los recursos, esto no significa que la administración del presidente Chaves haya cambiado su posturasobre el no reconocimiento del monto exigido por la CCSS por la deuda acumulada que arrastra el Estado.

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Acosta: ‘Que la CCSS me demuestre que le debo algo’

La CCSS estima el adeudo en ¢4 billones. No obstante, el ministro Acosta reiteró sus cuestionamientos sobre las bases de datos que utiliza la institución para estimar los montos de morosidad.

Señaló que la entidad tiene “registros fantasmas”, de personas que no existen, o que les hacen el mismo cobro dos o tres veces.

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“El ejemplo más complicado es este, hay una señora que falleció en 1982 y resulta que en todas las cuentas que nos manda la CCSS, aparece la señora, de manera reiterada. Bueno, ese es el día a día que tiene el Ministerio de Hacienda, sobre cómo se debe pagar y cuáles deben ser los valores que estén ahí“, expresó Acosta.

Cuando la jefa de fracción del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, le preguntó el tiempo estimado que tomará cumplir con la deuda, el ministro de Hacienda contestó: “Hasta que la CCSS pueda demostrar que de verdad le debo algo”.

Paulina Ramírez: El Gobierno no ha hecho nada para pagarle a la CCSS

Paulina Ramírez fustiga postura del ministro de Hacienda sobre pagos a la CCSS

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Paulina Ramírez fustiga postura del ministro Acosta sobre pagos a la CCSS

El jerarca también se ufanó de que la administración Chaves sea la única en firmar un convenio de pago con la CCSS, desde el año 2016. El dato fue confirmado por el gerente financiero de la institución de seguridad social, Gustavo Picado, durante una comparecencia previa.

Sin embargo, sus palabras no cayeron bien en la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien afirmó que el Gobierno de Rodrigo Chaves no ha hecho nada para pagarle a la CCSS.

La legisladora recordó que los recursos utilizados por el Poder Ejecutivo para cubrir los ¢51.738 millones del acuerdo de pago suscrito entre la CCSS y Hacienda en diciembre del 2023, provinieron de modificaciones hechas desde la Comisión de Hacendarios, órgano presidido por Ramírez, en los proyectos de ley de aprobación de los créditos de apoyo presupuestario.

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La Comisión de Hacendarios tuvo como práctica habitual destinar un 10% de la totalidad de los recursos, de cada uno de los empréstitos, al pago de la deuda del Estado con la CCSS.

No obstante, desde mediados del año 2024, el Gobierno comenzó a impedir que los diputados hagan esta asignación, al establecer cláusulas específicas en los contratos con los organismos internacionales, sobre cómo deben ser usados los recursos.

“Si no es porque nosotros aprobamos destinar ese 10%, no le pagan un colón a la CCSS”, reclamó la legisladora verdiblanca.

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¿Y las propuestas?

Si bien el ministro de Hacienda insistió en su exposición ante los diputados sobre la necesidad de “tener una discusión más profunda” sobre los problemas de la CCSS, que trasciendan la simple transferencia de recursos, tanto Acosta como Chaves han descartado que las propuestas vayan a provenir del Poder Ejecutivo.

El 30 de octubre, Chaves renunció a presentar una propuesta para solucionar el déficit actuarial de ¢74,6 billones que afronta IVM.

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“No vale la pena dividir al país” y “hay que esperarse a que haya una mejor Asamblea Legislativa en el 2026″, fueron algunas de las respuestas que brindó el mandatario durante la conferencia semanal desde Casa Presidencial, cuando un periodista le consultó sobre la propuesta del Poder Ejecutivo para evitar el colapso del régimen de pensiones de la CCSS.

Mientras que Acosta señaló, este martes, que las propuestas tendrían que salir de la misma CCSS, debido al alto grado de autonomía constitucional que tiene la institución para decidir sobre su propia administración.

Junta Directiva de la CCSS se comprometió a disminuir tamaño poco las listas de espera
Para que se haga una idea de lo difícil que está la situación, según datos suministrados por la Gerencia Médica de la Caja, para el 2023, 178.618 personas se encontraban en lista de espera para ser atendidas.

Para el 2024, esta cifra subió a 185.845 personas y, según los datos más recientes, que son de enero de este 2025, las listas de espera son de 188.288 personas.

Hay casos que paran la peluca, como lo es el del Hospital San Francisco de Asís, donde el tiempo promedio de espera es de 942 días, pero el tiempo máximo de espera asciende a 2.954 días.

Eso son poco más de 8 años esperando una cita.

No obstante, la Caja tiene un plan para que esta situación no se vuelva a dar.

Soluciones

Resulta que esta semana, la Junta Directiva de la Caja aprobó el plan operativo 2025 para reducir las listas de espera. La idea de este plan, presentado por la Gerencia Médica, es fortalecer la atención durante las jornadas ordinarias.

Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo planean reducir este eterno problema?

Según explicaron, se van a comprometer a atender a más de 730.000 personas que están en espera, durante este 2025.

Para lograrlo, este total se va a dividir en tres grupos: 258.000 personas son por consulta externa, 441.000 aguardan procedimientos ambulatorios y los restantes 31.000 son cirugías electivas.

Para escoger estos casos, se realizó un perfil epidemiológico nacional, tomando como referencia las más de 20 millones de solicitudes que han entrado entre el 2019 y el 2023, para dar prioridad a las enfermedades que más afectan a cada territorio.

Según adelantaron, el 80% de estas atenciones se van a realizar a lo largo de la jornada ordinaria y se tiene presupuestado invertir 29.000 millones de colones para lograrlo.

Sumado a esto, la Junta Directiva fue muy clara al decir que en tres meses van a pedir un informe para evaluar cómo se está moviendo el proyecto, cuáles son los resultados y si el dinero se está usando de manera correcta.

San José, Costa Rica – 15 de mayo de 2025

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha aprobado la creación de 409 nuevas plazas con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en todo el país. Esta decisión busca mejorar la atención médica y optimizar los procesos administrativos dentro de la institución.

De acuerdo con la información proporcionada, la distribución de las nuevas plazas será la siguiente:

• 232 plazas se asignarán a diversas unidades de la Gerencia Médica, lo que permitirá reforzar la atención directa a los pacientes y mejorar la calidad de los servicios médicos.
• 22 plazas estarán destinadas a la Gerencia Administrativa, con el propósito de agilizar y eficientizar los procesos internos de la CCSS.
• 9 plazas se distribuirán entre las Direcciones Regionales de sucursales, fortaleciendo la gestión y supervisión en las diferentes regiones del país.
• 146 plazas se asignarán a otras áreas estratégicas de la institución, contribuyendo al fortalecimiento integral de los servicios que ofrece la CCSS.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos de la CCSS por garantizar una atención médica oportuna y de calidad a toda la población costarricense, así como por mantener una gestión administrativa eficiente que responda a las necesidades del sistema de salud nacional.

Para más información, puede consultar la noticia original en