Posible impacto en 38 especialidades y aumento en listas de espera a partir del 15 de diciembre
San José, Costa Rica – 2 de diciembre de 2025. Una auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha advertido sobre un serio riesgo de renuncias masivas por parte de médicos especialistas, que podría materializarse a partir del 15 de diciembre.
Según el informe, esta situación afectaría hasta 38 especialidades clave, como ginecología, anestesiología, radiología y ortopedia, exacerbando la saturación de servicios y prolongando aún más las listas de espera en hospitales nacionales y regionales.
El documento, elaborado por la Gerencia Médica, destaca que las renuncias forman parte de una estrategia gremial para migrar a un salario global definitivo de ₡2,8 millones mensuales, superior al salario compuesto actual. Hasta el momento, se proyectan al menos 114 vacantes en centros como el Hospital Monseñor Sanabria, México, Calderón Guardia y San Juan de Dios, lo que ya ha obligado a traslados de pacientes y reducciones en atenciones urgentes.
La auditoría urge un análisis técnico para ajustar salarios y retener talento, previniendo un colapso en la cobertura, especialmente en regiones periféricas donde el 49% de las atenciones podrían verse comprometidas.
Representantes sindicales, como el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), atribuyen el descontento a congelamientos salariales desde 2018 y disparidades introducidas por la Ley de Empleo Público en 2023, que favorece a nuevos ingresos pero deja rezagados a profesionales con experiencia.
La CCSS ha intentado mitigar el impacto mediante telesalud, guardias extendidas y reclutamiento de jubilados, pero solo 7 de 151 contactados han mostrado interés en regresar.
Esta crisis representa un desafío crítico para el gremio médico, que enfrenta sobrecargas laborales y migración al sector privado o extranjero. La institución evalúa declarar emergencia sanitaria para contratar especialistas no incorporados o extranjeros, alineado con un proyecto de ley en discusión legislativa.
Sin acciones inmediatas, expertos prevén un deterioro en la calidad de atención, afectando directamente a pacientes en listas de espera que superan el millón de casos.
