Solo el 26% del proyecto está funcionando pese a que ya se ha gastado más del 70% del presupuesto asignado.
La Contraloría General de la República le ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tomar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del servicio de imágenes médicas digitales, tras detectar múltiples fallos técnicos, operativos y financieros en el sistema REDIMED.
Según el documento DFOE-BIS-0410-2025, emitido este 22 de julio, la Contraloría investiga la Adenda N°1 al contrato N° 2017000119 entre la CCSS y el ICE, mediante el cual se pretendía implementar el sistema REDIMED en hasta 50 centros de salud. Sin embargo, a la fecha, solo 13 establecimientos cuentan con el sistema operativo y muchos reportan fallos críticos.
La investigación reveló que la CCSS ha ejecutado ₡10.552 millones entre 2023 y 2025, lo que representa un 71% del presupuesto, pero con un alcance funcional de apenas 26%. A esto se suma la alerta de varios hospitales como el San Vicente de Paúl, San Juan de Dios, México y Calderón Guardia, que reportaron problemas graves de visualización de imágenes, lentitud del sistema y afectaciones al servicio.
Incluso, el Hospital San Vicente de Paúl solicitó el cese definitivo de REDIMED, calificándolo como un riesgo para la atención médica. Algunos centros, como el CNIM, recurrieron a plataformas anteriores como DCM4CHEE, que demostraron mayor estabilidad, especialmente durante eventos como el reciente ciberataque a la institución.
La Contraloría también reprochó pagos hechos por migración de imágenes sin respaldo contractual, así como deficiencias en la validación de los montos facturados por el proveedor, lo que compromete la transparencia en el uso de fondos públicos.
Ante este panorama, la Junta Directiva de la CCSS deberá tomar acuerdos para:
- Atender las fallas señaladas.
- Garantizar la continuidad del servicio, considerando soluciones alternativas a REDIMED.
- Asegurar la integridad de los expedientes del proyecto.
Además, deberán remitir a la Contraloría, antes del 30 de septiembre, una certificación con los acuerdos adoptados. De no cumplir con estas órdenes, los funcionarios responsables se exponen a sanciones graves, incluida la destitución.
Este caso se suma a una creciente preocupación por el manejo de fondos en proyectos tecnológicos de la CCSS y pone en evidencia los desafíos que enfrenta la institución para modernizarse sin sacrificar la calidad de los servicios de salud.
